La licitación para las centrales hidroeléctricas del Comahue, con participación de empresas internacionales y vinculaciones polémicas, avanza en un contexto de privatizaciones en Argentina.
La licitación para la concesión de las centrales hidroeléctricas en la región del Comahue, ubicada en el sur de Argentina, continúa con la participación de varias empresas nacionales e internacionales, en un proceso que busca impulsar las privatizaciones de activos estratégicos. Entre los interesados se encuentra IPS Renewal, una firma conformada por empresarios guatemaltecos y socios con antecedentes en el sector minero y relaciones con figuras relacionadas a actividades cuestionadas. Este grupo se suma a actores reconocidos como Enel Argentina, AES Argentina, Pampa Energía y Central Puerto, que ya operaban en distintas represas de la zona.
El esquema busca consolidar la expansión del sector privado en la generación eléctrica, en medio de un contexto en el cual varias represas han visto vencerse sus concesiones en los últimos años. La represa de Alicurá, bajo gestión de AES, busca mantenerse en manos de la compañía, presuntamente mediante la resolución de un litigio en tribunales internacionales como el CIADI, en un movimiento que refleja las tensiones entre intereses nacionales e internacionales en la gestión de recursos estratégicos.
Un aspecto llamativo en la convocatoria es la participación de firmas poco conocidas, como Versora SAU y IPS Renewal. La segunda, en particular, ha sido vinculada a redes empresariales y a socios con protagonismo en casos legales relacionados con actividades financieras y judiciales en Guatemala, además de conexione con el empresario Fred Machado, implicado en investigaciones por presunta vinculación con actividades ilícitas y lavado de dinero. Entre los socios de IPS Renewal destacan nombres como Francisco Quiñonez Midence, señalado en investigaciones en Estados Unidos, y que posee antecedentes en proyectos mineros en Guatemala. La presencia de estos actores genera inquietudes sobre los intereses detrás de la privatización y el control de recursos estratégicos en el país.
Desde el gobierno se mantiene la postura de impulsar la transferencia de activos al sector privado para modernizar la infraestructura eléctrica. Sin embargo, la participación de empresas con vínculos controvertidos pone en evidencia las complejidades y riesgos asociados a estos procesos.