Ceci Flores sostiene una pieza ósea en el desierto de Sonora, recordando a su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019. Su dolor refleja la lucha incesante de muchas madres en México que, ante la inacción de las autoridades, han asumido el papel de forenses vernáculas en la búsqueda de sus seres queridos.
La historia de Flores se una a la de Mirna Medina, integrante de Las Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, quien encontró fragmentos de su hijo Roberto entre 2017 y 2022 tras su desaparición en 2014. Ambas mujeres expresan su frustración ante la falta de apoyo y recursos estatales, poniendo de relieve una crisis humanitaria y un sistema que no responde a sus necesidades.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132 mil personas en esta situación. Sin embargo, el gobierno ha sido criticado por la manera en que presenta estas cifras, lo que ha llevado a colectivos y ONG a cuestionar sus intenciones y la efectividad de sus acciones.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha documentado estas desapariciones, resaltando que muchas son calificables como forzadas por la falta de acción del Estado. Más de 99% de los casos se mantienen impunes, con solo un pequeño porcentaje siendo judicializados. Además, el ocultamiento de restos humanos en cementerios irregulares evidencia la obstrucción a la justicia.
Mientras continúan surgiendo restos, con 1,076 recuperados en dos semanas de abril, las familias siguen enfrentando una carga que les compete al Estado. Es imperativo que se lleven a cabo acciones para resolver el rezago forense y combatir la impunidad, una deuda con las víctimas y sus familiares que debe ser saldada.
Con información de eldiario.ec