La disputa por un predio en la Ciudad de México amenaza la protección de perros y gatos, en medio de un proceso judicial que pone en riesgo su bienestar.
Una controversia legal en la Ciudad de México ha puesto en incertidumbre a más de mil animales rescatados que viven en el Refugio Franciscano, situado en la zona de Santa Fe. La propiedad, que desde hace casi cinco décadas sirve como albergue para perros y gatos en situación de vulnerabilidad, fue objeto de un desalojo ordenado por un juez, tras una disputa interna en la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Los integrantes del patronato señalan que la propiedad fue vendida a un grupo financiero, mientras que la dirección del refugio sostiene que el desalojo busca garantizar la seguridad y atención de los animales.
El conflicto tiene sus raíces en la historia de don Antonio Haghenbeck y de la Lama, un empresario que destinó sus bienes a una fundación para la protección animal por voluntad expresa en su testamento de 1993, que prohibía la venta o enajenación del patrimonio destinado a ese fin. Sin embargo, recientes acciones legales por parte de la fundación parecen contradecir esos preceptos, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y la protección del legado del fundador.
Desde que se ejecutó la orden judicial, la atención a los animales ha sido limitada. La Fundación afirma que ha mantenido labores básicas, como la alimentación y atención médica de unos 100 animales en resguardo, aunque informes internos señalan que muchos ejemplares, especialmente los de mayor edad, enfrentan riesgos severos debido a la interrupción en su tratamiento médico. La escena se agrava por la falta de acceso total para verificar el estado real de la población, la cual podría cifrarse en más de mil ejemplares.
Este predio, de aproximadamente 16 hectáreas, fue originalmente destinado por el fundador para la protección animal, bajo la condición de que no podría venderse ni arrendarse. No obstante, en 2020, el patrimonio fue vendido a una entidad bancaria, según consta en registros, en un contexto donde la zona ha incrementado significativamente su valor inmobiliario. La situación revela cómo intereses económicos pueden afectar a las instituciones dedicadas a causas sociales, en un entorno urbano en constante transformación.
Una mesa de diálogo mediada por el gobierno capitalino intenta buscar soluciones que garanticen el bienestar de los animales y la continuidad de un refugio que ha tenido presencia en la zona por décadas. Sin embargo, la resistencia de la fundación a aceptar acuerdos de reubicación, como la propuesta de construir un nuevo albergue en Texcoco, mantiene la incertidumbre sobre el futuro de estos animales. La realización de un censo actualizado, en proceso, será clave para esclarecer la situación y definir acciones concretas.
Este conflicto ejemplifica el desafío que enfrentan muchas organizaciones de protección animal ante procesos jurídicos y cambios urbanos que amenazan su existencia, poniendo en evidencia la necesidad de regulaciones claras y protección efectiva para los refugios en situaciones semejantes.