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Diputados protagonizan pelea física en reunión de CFE por contratos energéticos

Un enfrentamiento físico ocurrió durante una reunión de legisladores y funcionarios de la CFE, en medio de acusaciones de favoritismos en contratos de carbón.

Por Redacción1 min de lectura
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Una reunión privada de legisladores y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad terminó en altercados y acusaciones sobre favoritismos en los contratos de carbón.

En un encuentro llevado a cabo en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México, legisladores y directivos abordaron temas relacionados con los contratos de suministro de carbón, lo que derivó en una confrontación física entre algunos asistentes. La reunión tuvo como motivo la preparación para la comparecencia de la directora de la CFE ante la cámara legislativa el próximo lunes en la sede de San Lázaro.

Diversas voces dentro del encuentro señalaron que la discusión se intensificó tras la intervención de la diputada del Partido Revolucionario Institucional, quien advirtió sobre los conflictos de interés que pueden existir en la asignación de contratos públicos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el legislador Ricardo Mejía Berdeja, exfuncionario de seguridad nacional, hizo comentarios que motivaron al diputado del Partido del Trabajo a levantarse de su asiento y responder de forma agresiva.

Durante el altercado, Mejía Berdeja realizó una broma que fue tomada como una provocación, lo que provocó que el legislador del PT le reclamara por su comportamiento y sus declaraciones, alegando que la agresión física y verbal no tienen cabida en un espacio legislativo. Testigos del incidente confirmaron que, tras la disputa, uno de los asistentes atribuyó la raíz del conflicto a presuntos favoritismos en licitaciones relacionadas con empresas vinculadas al gobernador de Coahuila, lo que añade una capa de controversia a las operaciones de la CFE.

Este incidente refleja las tensiones existentes dentro del sector energético, especialmente en torno a los contratos adjudicados a empresas relacionadas con actores políticos y gubernamentales. La situación genera dudas sobre la transparencia en procesos clave y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos en el país.

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