Para 2026, la deuda del país superará los 20 billones de pesos, generando presiones en las finanzas públicas y afectando la inversión en servicios esenciales.
El escenario financiero para México en 2026 muestra un incremento significativo en su deuda pública, proyectada en 20.3 billones de pesos, lo que representa el 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel sin precedentes en los últimos 35 años implica que cada ciudadano mexicano tendrá una deuda equivalente a aproximadamente 151 mil pesos. Entre 2024 y 2026, la deuda por habitante aumentará en un 5.1% en términos reales, sumando alrededor de 7 mil pesos adicionales por persona. Este incremento se atribuye a un cambio en la estrategia financiera del gobierno, que prioriza mayores niveles de gasto y déficits en lugar de reducir el endeudamiento.
El ritmo de contratación de nuevos créditos se acelerará en 2026, con una contratación diaria de aproximadamente 4,349 millones de pesos, cifra superior a la prevista para 2025. Esto evidencia una tendencia hacia un endeudamiento sostenido que, aunque permite movilizar recursos para el gasto público, también conlleva riesgos importantes, sobre todo en el pago de intereses. Para ese año, los costos financieros ascenderán a 1.57 billones de pesos, el nivel más alto en tres décadas, absorbiendo casi un quinto de los ingresos fiscales y limitando recursos destinados a áreas críticas como la salud y la educación.
A pesar del aumento en el endeudamiento, la proporción de recursos destinados a inversión productiva será muy baja. Solo el 61% de la deuda contratada en 2026 se invertirá en proyectos considerados como desarrollo de capital humano, mientras que el resto se dirigirá a gasto corriente y pago de intereses. Además, la existencia de reglas fiscales que vinculan el techo de endeudamiento con proyecciones anuales puede crear un círculo vicioso de crecimiento de deuda, lo que pone en duda la estabilidad financiera del país. Expertos advierten que si estas prácticas persisten, la situación podría volver insostenible, afectando la capacidad del Estado para invertir en proyectos que impulsen el crecimiento económico.
En resumen, la estrategia fiscal para 2026 apunta a un aumento sostenido en la deuda, lo que genera mayores costos en intereses, desplazamiento de recursos y potenciales riesgos de desequilibrios macroeconómicos. La advertencia principal es que sin reformas en las reglas de responsabilidad fiscal, el país enfrentará una carga de deuda progresivamente más insostenible que limitará la inversión en sectores esenciales y afectará la estabilidad financiera a largo plazo.