La inversión en financiamiento se redujo en un 33% respecto a 2023, reflejando una tendencia de contención financiera en las administraciones regionales y municipales.
En 2024, los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México registraron un endeudamiento neto total de aproximadamente 105.700 millones de pesos, lo que representa solo el 0.32% del Producto Interno Bruto nacional. Esta cifra indica una disminución significativa de 33 puntos porcentuales comparada con el año anterior, reflejando una tendencia hacia una política de financiamiento más restrictiva en los niveles de gobierno regional y local.
De acuerdo con los datos, los estados federales concentraron el 0.23% del endeudamiento total, sumando cerca de 76.300 millones de pesos. Las administraciones municipales aportaron el 0.07% (22.772 millones de pesos), mientras que la Ciudad de México aportó apenas el 0.02% (6.636 millones de pesos). La caída en el endeudamiento en términos absolutos fue de cerca de 19 mil millones de pesos para los estados, 30.9 millones para los municipios y 3.4 millones para la capital del país.
Estas cifras reflejan la prioridad que están dando las entidades a la reducción de su exposición crediticia, en un contexto donde la política económica nacional promueve una mayor estabilidad fiscal. La comparación con 2023 muestra que en ese año el endeudamiento de los estados representó el 0.50% del PIB, con aproximadamente 159 mil millones de pesos, lo que evidencia una reducción en la capacidad de financiamiento.
El análisis indica que las decisiones sobre endeudamiento están influenciadas por las condiciones económicas y financieras del país, así como por la evaluación de riesgos y prioridades presupuestarias. En un escenario global de alta incertidumbre económica, la tendencia a un menor financiamiento podría tener implicaciones en la inversión pública y en la ejecución de proyectos de infraestructura y bienestar social en los estados y municipios.
Este descenso en la deuda abierta contribuye a fortalecer las finanzas públicas locales, permitiendo un mayor control sobre los gastos y la política fiscal, en línea con los esfuerzos del Gobierno federal por mantener la estabilidad macroeconómica y evitar niveles insostenibles de deuda en los gobiernos subnacionales.