Una investigación revela cómo instituciones del gobierno asignaron fondos a empresas fachada, replicando esquemas corruptos del antiguo Segalmex, afectando recursos destinados a comunidades vulnerables. Recientemente, se divulgó un informe que evidencia la existencia de cinco empresas fachada vinculadas a delitos de corrupción en el esquema de asignación de recursos del programa Alimentación para el Bienestar, antes conocido como Segalmex. Entre 2022 y 2025, estas compañías lograron recibir cerca de dos mil millones de pesos mediante procedimientos que simulaban competencia y con domicilios falsos, donde nadie reconoce su existencia real. Algunas de estas empresas se crearon hace solamente dos años y comparten vínculos, lo que revela una red de corrupción que repite patrones ya identificados en el extinto Segalmex, responsable de un escándalo millonario en la administración anterior. Una historia destacada dentro de esta investigación es la de Vanessa Flores, una mujer de 49 años que, sin conocimiento, fue utilizada como fachada para que una de estas compañías, Konkistolo, pudiera obtener contratos millonarios. Actualmente, la empresa recibió más de 256 millones de pesos a través de contratos adjudicados por Diconsa, dependencia encargada de distribuir alimentos en comunidades rurales. La situación de Vanessa refleja cómo la delincuencia organizada se infiltra en instituciones públicas y utiliza identidades falsificadas para desviar recursos destinados a sectores vulnerables, en un patrón que genera preocupación ante la impunidad y la repetición de las prácticas corruptas del pasado. Este caso se suma a un contexto de irregularidades en programas gubernamentales dedicados a la seguridad alimentaria, que en el pasado ya evidenciaron pérdidas por miles de millones de pesos, con múltiples investigaciones en curso. La persistencia de estos esquemas muestra la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en los procesos de asignación de recur
Miércoles, 13 de mayo de 2026
