Nuevos jueces y magistrados, electos por voto popular, están presionando para forzar renuncias y reemplazar personal de carrera, generando inseguridad laboral y pérdida de derechos adquiridos.
La reciente reforma en el Poder Judicial de la Federación ha provocado una ola de renuncias forzadas y casos de maltrato laboral en tribunales y juzgados, afectando a cientos de empleados con años de trayectoria. La llegada de nuevos jueces y magistrados, elegidos mediante voto popular, ha marcado un cambio en la estructura interna, priorizando equipos afines y reduciendo el personal de carrera mediante presiones y amenazas.
Uno de los casos más representativos es el de Laura Angélica Jiménez Ortiz, quien fue obligada a renunciar a su cargo en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tras un mandato directo y coercitivo de una magistrada. La funcionaria denunció que fue víctima de abuso de autoridad y amenazas tras negarse a renunciar a un trámite legalmente válido y reconocible. En su comunicación, Jiménez detalló cómo se le acusó de haber perdido confianza y se le impusieron cuotas de trabajo que contravienen la ley, en un ambiente de coacción y hostigamiento.
Este patrón no es aislado. Diversos testimonios revelan que buena parte del personal ha sido presionado para abandonar sus puestos bajo argumentos de reestructuración, pérdida de confianza o incompatibilidad con las nuevas directrices. Lo que en realidad ocurre es una sustitución de empleados de carrera por perfiles afines a los nuevos integrantes, lo que supone un debilitamiento de los derechos laborales y una pérdida de experiencia acumulada en el sistema judicial. La liquidación de estos antiguos colaboradores, sin reconocer años de servicio, agrava aún más la incertidumbre y el descontento en el sector.
Expertos advierten que esta transformación debe equilibrar la modernización del sistema con el respeto a los derechos laborales, para evitar que la pretendida “reforma de justicia” derive en una “reforma sin justicia laboral”. La protección de los derechos de quienes llevan años sirviendo en el Poder Judicial es fundamental para mantener la integridad y legitimidad del sistema.