A pesar de contar con recursos de gas natural, la CDMX sigue dependiendo mayoritariamente del Gas LP, lo que genera inseguridad y costos elevados.
La reciente explosión de una pipa de Gas LP en un barrio de Iztapalapa, que dejó varias víctimas, ha evidenciado la persistente dependencia de la Ciudad de México y el país del Gas Licuado de Petróleo como fuente principal de energía para hogares. A pesar de que México cuenta con reservas de gas natural suficientes para más de dos décadas, aproximadamente el 77% de las viviendas mexicanas aún utilizan GLP, transportado en miles de camiones a través de las calles, lo que implica riesgos y costos elevados.
La infraestructura de gas natural sí alcanza a la capital, sin embargo, la última milla de conexión sigue siendo un obstáculo, debido a procesos burocráticos y la resistencia de la industria del Gas LP que genera un mercado de casi 9 mil millones de dólares anuales. La conexión a la red de gas natural, aunque más segura y más económica a largo plazo, sigue siendo poco accesible para muchas familias, que optan por el Gas LP por comodidad y por percepción de seguridad.
Expertos y habitantes han señalado que la distribución vía camiones genera inseguridad, especialmente en zonas densas y sísmicas. Además, quienes optan por gas natural enfrentan costos iniciales altos, pero, a largo plazo, disfrutan de tarifas más bajas y menos riesgos en el suministro. La resistencia cultural, la burocracia y las campañas de miedo promovidas por el sector del Gas LP dificultan la transición hacia una energía más segura y confiable.
El caso de la Ciudad de México se enmarca en un contexto nacional donde la infraestructura de gas natural aún tiene una penetración limitada, particularmente en regiones del sureste y noreste del país. Sin embargo, avanzar en la conexión de más hogares a estas redes puede reducir no solo los riesgos de explosiones y accidentes, sino también la huella ambiental y los costos para las familias.
La discusión en torno a esta dependencia refleja la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a energías más seguras, eficientes y sostenibles, minimizando los riesgos que aun persisten en la capital y en toda la nación.