El resultado de irregularidades heredadas por la administración anterior pone en riesgo salarios y mantenimiento de infraestructura judicial.
Una auditoría interna revela un grave problema financiero en el Poder Judicial de México, al detectar un déficit acumulado de 14 mil millones de pesos heredado del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Esta situación ha afectado la operatividad y la estabilidad del sistema judicial, poniendo en riesgo pagos de nómina, mantenimiento de inmuebles y suministros esenciales para la labor diaria.
El órgano encargado de la administración judicial señala que estas irregularidades no solo comprometen la gestión administrativa, sino que también amenazan la continuidad del funcionamiento básico del poder judicial. Entre las principales dificultades identificadas están la falta de recursos para cubrir salarios, el deterioro de la infraestructura y una grave carencia en herramientas tecnológicas indispensables, como impresoras y escáneres.
Este hallazgo se suma a un contexto en donde la gestión financiera del sistema judicial ha sido marcada por antecedentes de malversación y errores en la planeación presupuestaria, factores que ahora complican aún más la recuperación del sector. La justicia, como pilar del Estado de Derecho, requiere una gestión sólida y transparente para garantizar sus funciones y derechos de los ciudadanos. La cartera de responsabilidades del consejo actual incluye investigar estos hallazgos y establecer medidas correctivas que aseguren la estabilidad del aparato judicial y su capacidad de ofrecer justicia efectiva.
Además, expertos destacan que la crisis heredada evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría en instituciones judiciales y públicas, para prevenir futuras irregularidades que puedan afectar la economía y la confianza en el sistema.