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Decisión judicial definirà la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga el 12 de noviembre

Un juez en EE.UU. decidirá el 12 de noviembre si se deporta a Víctor Manuel Álvarez Puga, implicado en una red de defraudación millonaria en México.

Por Redacción1 min de lectura
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El juez en Estados Unidos evaluará la solicitud de extradición del empresario mexicano vinculado a una red de defraudación millonaria, en un caso que genera atención internacional. La Administración para la Investigación y Represión ha solicitado formalmente la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para localizar y detener a Víctor Manuel Álvarez Puga en relación con su posible extradición a México. La solicitud forma parte de una operación coordinada con la Fiscalía General de la República, que busca que el empresario sea entregado para enfrentar cargos por su presunta implicación en una vasta red de empresas fantasma diseñadas para desviar aproximadamente 3 mil millones de pesos del sistema penitenciario federal. Desde el 17 de octubre, un juez migratorio en Estados Unidos ordenó la deportación de Álvarez Puga, quien actualmente está recluido en Miami por no contar con documentación legal que respalde su permanencia en ese país. Sin embargo, sus abogados han presentado un recurso judicial en rechazo a esta orden, y la defensa espera que el tribunal estadounidense emita una resolución definitiva el próximo miércoles 12 de noviembre. Cabe destacar que Víctor Manuel, cofundador de una firma jurídica con presencia en diversos continentes, fue detenido en territorio estadounidense el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, debido a que no poseía visas vigentes. La resolución que adopte la corte estadounidense determinará si será entregado a México para enfrentar los cargos relacionados con la organización ilícita. En el contexto de la lucha contra la corrupción y la delincuencia financiera, este caso refleja la cooperación internacional y el esfuerzo por poner a disposición de la justicia a aquellos presuntos responsables de delitos de alta escala que afectan recursos públicos y la integridad institucional del país.

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