Robos de motores y embarcaciones generan pérdidas económicas y amenazan la seguridad turística en la Isla de Quintana Roo.
El sector náutico de la Isla de Cozumel enfrenta una creciente problemática de piratería que ha provocado pérdidas superiores a los 10 millones de pesos en lo que va del año. Los robos sistemáticos de motores fuera de borda y embarcaciones leves afectan a al menos 15 prestadores de servicios, quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad acentuada por la escasa eficacia en las investigaciones oficiales. La repetición de estos incidentes ha provocado una sensación de inseguridad que impacta la actividad económica local, esencial para el turismo y el sustento familiar en la región.
Además del daño patrimonial, los robos afectan la percepción de seguridad que los visitantes tienen de Cozumel, cuya economía está estrechamente vinculada al turismo marítimo. La presencia de una posible red delictiva organizada, que traslada y comercializa estos bienes en destinos como Mérida y Cancún, evidencia una logística sofisticada que complica la lucha contra estos delitos. Los motores sustraídos tienen un valor que supera los 400 mil pesos, y algunos casos involucran el robo completo de embarcaciones, agravando aún más las pérdidas económicas y operativas.
Este escenario forma parte de un contexto más amplio de inseguridad en Quintana Roo, donde las restricciones regulatorias y la incidencia delictiva complican la estabilidad del sector náutico. La región, reconocida por su competitividad en el turismo de Playa y pesca deportiva, enfrenta un reto serios que requiere atención inmediata para restablecer la confianza y garantizar la sustentabilidad de sus actividades marítimas. La adopción de medidas de seguridad y un seguimiento riguroso por parte de las autoridades serán esenciales para revertir esta tendencia y proteger uno de los recursos más valiosos para la economía local.
Como antecedentes, la importancia de la industria náutica en la economía de Quintana Roo se refleja en su contribución al turismo y empleo local. La amenaza delictiva no solo pone en riesgo la inversión privada, sino que también puede afectar la imagen internacional del destino, lo que requiere una respuesta coordinada entre el sector público y privado para fortalecer la seguridad y asegurar la continuidad de una de las principales actividades económicas en la región.