Buenos Aires, Argentina. – El último día de 2025, la falla en la estación transformadora Bosques de Edesur provocó un apagón que afectó a más de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este incidente resalta la fragilidad del sistema eléctrico en una de las ciudades más grandes de América Latina.
La situación se agrava por las altas tarifas eléctricas y un sistema de transporte de energía operando al límite de su capacidad. Las distribuidoras Edesur y Edenor enfrentan un creciente descontento público, mientras que la reciente licitación de la gestión de las represas hidroeléctricas del Comahue ha generado controversia. Se firmaron contratos por 30 años que aseguran 706 millones de dólares al Estado, pero muchos cuestionan su efectividad para resolver la crisis actual.
David Kary, economista y exdirector de Edenor, subraya la necesidad de financiamiento para modernizar las infraestructuras, así como una decisión política clara. Sin embargo, señala que la falta de inversión proviene, en parte, de un entorno regulatorio que no garantiza la rentabilidad esperada para inversores privados. Esto plantea la pregunta de quién asumirá la responsabilidad financiera para transformar la situación.
La historia de la electricidad en Argentina ha pasado de ser un dominio de capitales extranjeros a depender de actores locales. Empresas como Central Puerto y Pampa Energía dominan el mercado actual, generando casi un tercio de la energía del país. Estas corporaciones son también parte de AGEERA, la Asociación de Generadores, que influye en la normatividad vigente.
La reciente transformación del sector energético muestra cómo el entorno cambiante ha permitido que grupos nacionales se posicionen fuertemente. Sin embargo, las complicaciones que traen las decisiones políticas en términos de regulación y precios siguen sin resolverse, afectando a millones de ciudadanos que dependen de un servicio eléctrico confiable.