El aumento de desapariciones revela fallas institucionales que revictimizan a las víctimas y obstaculizan soluciones efectivas.
En México, la desaparición de personas se ha convertido en una crisis que desafía a las instituciones y preocupa a la sociedad civil. A pesar de los esfuerzos y leyes implementadas en los últimos años, la realidad revela un aumento constante en los casos no resueltos, así como fallas alarmantes en la atención a las víctimas.
El año 2025 cerró con una cifra récord de más de 14,100 personas desaparecidas, el mayor número desde que se tienen registros. Esto refleja un incremento del 8% respecto a 2024 y sugiere que, de mantenerse la tendencia, al terminar el sexenio próximo, podrían totalizar cerca de 100,000 casos sin resolver. La cifra oficial de personas desaparecidas desde 1964 supera ya las 133,000, pero las cifras invisibilizadas por el miedo, la marginación y el Estado de ausencia en ciertos contextos, hacen que la realidad sea aún más grave.
El uso de criterios restrictivos y la falta de una actualización transparente en el registro impiden tener una visión clara de la magnitud del problema. La tendencia oficial a centrarse solo en casos reportados con carpeta de investigación puede esconder la verdadera dimensión de la crisis, marcada por la ‘cuarta ola’ de desapariciones, vinculadas a actividades delictivas y a una creciente impunidad.
Los obstáculos institucionales también obstaculizan la búsqueda y búsqueda efectiva. El control territorial de las organizaciones criminales, la corrupción y la falta de recursos y compromiso político han debilitado la capacidad para atender estos delitos. La impunidad alcanza niveles cercanos al 100%, dejando en un limbo a las víctimas y sus familias que buscan justicia.
Desde 2017, la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y otras modalidades no ha sido suficiente para revertir la tendencia. La colaboración entre diferentes instituciones y una mayor inversión en capacitación y recursos son esenciales, pero no han sido prioritarios. Sin un cambio profundo en la política de seguridad, el problema persistirá y se agravará.
Por su parte, la administración actual presume de una reducción en los homicidios del 40%, pero no aborda el aumento en las desapariciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en actualizar los registros, supuestamente para mejorar la transparencia, sin reconocer que ello podría disminuir la percepción de avances reales si se simplifica la estadística. La manipulación de datos sin solucionar las causas profundas solo perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas y genera desconfianza en las instituciones.
Debemos comprender que las desapariciones no solo representan la pérdida de vidas, sino también la vulneración de derechos fundamentales. Familias enfrentan obstáculos al denunciar, en un contexto donde las instituciones a menudo inhiben o retrasan las investigaciones. La falta de atención, sumada a la violencia derivada de otros delitos, agrava aún más la crisis.
Una solución efectiva requiere fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales y fiscales, con mayor inversión, capacitación y supervisión. La atención a víctimas, que cuenta con un marco legal, necesita una implementación concreta y comprometida. Solo así se podrá reducir la impunidad y avanzar hacia una política de Estado real y eficaz contra las desapariciones.
Adicionalmente, resulta fundamental entender que la desaparición de personas está estrechamente vinculada a otros delitos como el extorsión, el secuestro y el narcotráfico. La estrategia más efectiva para enfrentar esta problemática radica en una política integral contra la criminalidad, que combata las raíces del problema y fortalezca el Estado de Derecho en todo el país.
A pesar de las dificultades, hay indicios de que una mayor coordinación, recursos y voluntad política pueden marcar la diferencia. La historia reciente demuestra que, con un liderazgo firme y acciones concretas, es posible revertir la tendencia y proteger derechos humanos fundamentales. La sociedad exige acciones transparentes y efectivas que eviten seguir enterrando cifras y, sobre todo, que prevengan más desapariciones en el futuro.