La revisión podría definir el futuro de más de 50 magistrados y sentar precedentes sobre nombramientos judiciales en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido asumir la revisión de un caso que podría tener un impacto decisivo en la estabilidad laboral de más de medio centenar de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La controversia surgió en torno a la situación del magistrado Avelino Carmelo Toscano, quien mantiene su cargo como presidente de la Sexta Sala Regional en la Ciudad de México a pesar de no haber sido ratificado formalmente pese a una evaluación positiva durante su proceso de evaluación. La decisión se tomó tras una votación dividida, en la que cinco ministros votaron a favor de la revisión y cuatro en contra, evidenciando la relevancia y complejidad del asunto.
Este procedimiento fue promovido por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien alertó sobre una problemática mayor, señalando que múltiples magistrados en situaciones similares permanecen en sus cargos gracias a suspensiones judiciales, pese a que sus periodos hayan concluido y la ley establece que solo la Presidencia de la República, con aprobación del Senado, puede designar y remover a estos funcionarios. La posible resolución podría establecer un precedente legal sobre los límites de la autoridad en la designación y remoción de magistrados, reforzando el equilibrio entre derechos individuales y la función pública. La causa también ha sido respaldada por un interés del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que consideró que el caso merece atención por su trascendencia constitucional.
El expediente revela que Toscano fue nombrado magistrado en 2016, con una evaluación favorable, sin embargo, en 2024 una resolución determinó no ratificarlo. La defensa del magistrado argumentó que su inacción vulneraba sus derechos laborales, solicitando que se le permita permanecer en el cargo mientras se resuelve el fondo del asunto. Se estima que más de 50 magistrados podrían estar en una situación similar, lo que hace que esta revisión tenga un impacto potencialmente profundo en el sistema judicial administrativo del país.