La Corte Suprema de Justicia enfrenta decisiones claves que afectarán al Gobierno de Javier Milei. Se trata de la legalidad de la Ley de Financiamiento Universitario y el reclamo de varias provincias por recortes en las transferencias estatales. Ambas resoluciones podrían tener un impacto significativo en las finanzas públicas.
El equipo del Ministro de Justicia ha indicado que la cobertura de las dos vacantes en la Corte no está en la agenda del presidente, lo que algunos interpretan como un mensaje a los jueces. Actualmente, se considera que el estudio del amparo colectivo sobre el decreto 759/2025 se encuentra en etapas iniciales, sin plazos definidos para una resolución.
La judicialización está generando tensiones. Un juez decidió suspender la aplicación de la norma que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto ha llevado a que se solicite que el Gobierno cumpla con la ley aprobada por el Congreso, incluyendo la provisión de fondos y el establecimiento de nuevas normativas relacionadas.
Mientras crecen las manifestaciones en apoyo a la educación superior, el Gobierno insiste en que la ley es inconstitucional. El impacto financiero de estas decisiones es de gran relevancia, ya que un informe indica que cumplir con la ley representaría una carga fiscal del 0,23% del PIB, un porcentaje calificado como “poco significativo” por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Otro aspecto crítico es el reclamo por coparticipación federal que plantean diversas provincias, incluyendo Buenos Aires. Un fallo favorable a estos gobiernos podría derivar en un movimiento financiero notable, complicando aún más la situación fiscal del Gobierno. La Corte tendrá que decidir entre las demandas de las provincias y los límites impuestos por la política del “déficit cero”.
Con información de clarin.com