La Corte Suprema de Justicia ha confirmado una medida que obliga al Gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, afectando la actualización de salarios y la reorganización de becas y programas académicos. Esta decisión se origina en una acción promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional, cuestionando el decreto 759/25.
El Gobierno había impugnado la medida, pero la Corte desestimó su apelación por cuestiones procesales, estableciendo que no era posible recurrir a una sentencia que aún no era definitiva. Como resultado, la orden se mantiene mientras continúa el litigio y se debate la controversia central.
## Datos clave - Quién: Corte Suprema de Justicia de Argentina - Qué: Ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario - Dónde: Argentina - Cuándo: 25 de junio de 2026
La decisión asegura la obligación de actualizar los salarios de docentes y no docentes, así como la recomposición de programas de becas. Sin embargo, no se ha abordado si el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para suspender disposiciones de una ley aprobada por el Congreso. El tribunal analizó el riesgo de un daño significativo al derecho a la educación y a los ingresos del sector académico.
El fallo se produce después de que el Gobierno y las universidades alcanzaran un acuerdo que incluía un aumento salarial del 24.33% y ajustes en los presupuestos de funcionamiento. Aunque se busca un incremento del financiamiento del 0.5% del PIB al 0.6%, la ley establece un mínimo del 0.75%.
¿Qué implica la decisión de la Corte?
El impacto de esta resolución es relevante, ya que establece un respaldo judicial para las universidades en su lucha por un financiamiento adecuado. La Corte rechazó la postura del Gobierno de que la ley solo podía activarse tras definir fuentes específicas de financiamiento, argumentando que no aplicar la norma podría causar un daño significativo y que el ahorro propuesto era irrelevante para el presupuesto público.
El caso no se cierra con este fallo; continuará su trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se abordarán las cuestiones de fondo sobre si el decreto 759/25 puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso. Por lo tanto, universidades y sindicatos podrán seguir presentando sus demandas frente al Estado, lo que mantiene un seguimiento político y académico cercano.
¿Cuál es el futuro del financiamiento universitario?
Este pronunciamiento judicial reconfigura la relación entre el Poder Ejecutivo y el sector universitario, brindando a las instituciones académicas un soporte legal significativo mientras se resuelven sus inquietudes sobre el financiamiento. Actualmente, el fallo se interpreta como una medida aliviante para la comunidad educativa, aunque la litigación seguirá su curso en el sistema judicial.
Con información de radiomitre.cienradios.com