La filtración de información confidencial por parte de una agente de la fiscalía revela una red de sobornos y operaciones ilícitas vinculadas a Raúl Rocha y Pemex.
Una investigación reciente expone la presencia de una presunta red de corrupción dentro y fuera de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo. La operación habría involucrado la venta de información confidencial sobre investigaciones en curso, a través de una agente del Ministerio Público con más de 14 años en la dependencia. La fiscal, identificada como Mari Carmen Ramírez Rodríguez, habría recibido sobornos por altas sumas de dinero, llegando hasta los dos millones de pesos, para proporcionar datos sobre procesos abiertos por delitos como huachicoleo, tráfico de armas y narcotráfico.
El operador central de estos sobornos sería Jacobo Reyes León, un exfuncionario policial y aspirante a cargo político en el Estado de México, que fungía como enlace directo con Rocha. Interceptaciones telefónicas y vigilancias encubiertas evidencian las transacciones ilícitas, incluyendo reconocimientos de pagos y movimientos en la sede de la fiscalía. Esta trama revela posibles fallas en los sistemas internos de la fiscalía, que permitieron que una colaboradora con tantos años de servicio participara en actividades delictivas.
Adicionalmente, la investigación vincula a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, fundada por Rocha en Monterrey en 2020, la cual obtuvo contratos millonarios con Pemex en 2023 para la construcción de ductos, en medio de acusaciones por participar en actividades ilícitas como huachicoleo y tráfico de hidrocarburos. La petrolera estatal aclaró que uno de estos contratos no sigue vigente, tras la polémica generada por la vinculación del empresario con el certamen internacional. La revelación de estos vínculos pone en entredicho los controles internos de las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley y abre camino a nuevas investigaciones que podrían implicar a más actores y vínculos políticos.
La detección de estas irregularidades en la fiscalía evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia interna, ante amenazas que afectan la integridad de las investigaciones y la justicia.