La gestión de la exdirectora María Elena Álvarez-Buylla enfrenta auditorías por irregularidades en fondos públicos en un proceso que evidencia malos manejos en apoyo a la ciencia.
En el contexto del avance de auditorías sobre instituciones públicas, la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha sido señalada por presuntas irregularidades que podrían haber provocado un daño al patrimonio estatal que supera los 400 millones de pesos. Estas investigaciones, que abarcan el periodo de 2019 a 2023, revelan un patrón de malos manejos relacionados con contratos y transferencias financieras.
Entre las anomalías detectadas destacan transferencias indebidas a investigadores sin convenios formales, pagos a ayudantes en registros duplicados y desembolsos a beneficiarios de investigadores fallecidos, sin que estos figuren en los registros oficiales. Además, existen evidencias de contrataciones con sobreprecios, procesos de licitación poco transparentes y falta de documentación que justifique la correcta ejecución de contratos, como servicios de alimentación institucional. También se registran transferencias sin respaldo normativo y pagos realizados fuera del ejercicio fiscal correspondiente.
Estas irregularidades persistieron incluso tras la modificación del nombre del organismo en 2023, cuando pasó a denominarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). En ese año, auditorías adicionales identificaron más de 70 millones de pesos en posibles malversaciones en programas de becas de posgrado, uno de los fondos más afectados en el esquema de financiamiento para investigación y educación superior.
Por la gravedad de estos hallazgos, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra la exfuncionaria por el posible daño patrimonial derivado de la extinción de fondos institucionales en 2021, que habría afectado un monto cercano a los 57 millones de pesos. Álvarez-Buylla ha defendido sus acciones, asegurando que se siguieron los procedimientos adecuados en la gestión de fideicomisos.
La situación refleja cómo el mal manejo de recursos públicos puede impactar en el impulso de la ciencia y la innovación en el país, generando una revisión exhaustiva de los procesos administrativos y de supervisión en instituciones que buscan fortalecer el desarrollo científico nacional.