Al menos cuatro congresos locales, entre ellos el de Puebla, han iniciado una oposición a las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han instado a los diputados a legalizar la modificación del acta de nacimiento para menores de edad que se identifiquen como trans.
Datos clave
- Cuándo: Marzo de 2023 se reafirmó la postura de la SCJN.
- Dónde: Congresos de Puebla, Jalisco, Aguascalientes y Sonora.
- Qué: Desacuerdo con las decisiones de la SCJN sobre Infancias Trans.
- Cómo: La SCJN exige que menores de 18 años puedan modificar su acta de nacimiento.
Los congresos de Puebla, Jalisco, Aguascalientes y Sonora muestran una mayoría en contra de la implementación de la resolución de la Corte, que permite a niñas, niños y adolescentes trans modificar sus documentos sin la intervención de sus tutores. Esta decisión está basada en una interpretación legal que considera que la identidad de género debe ser reconocida independientemente de la edad.
Las legislaturas locales argumentan que la SCJN ha asumido facultades que corresponde a los legisladores, limitando el tiempo y espacio para debatir un tema tan sensible. El Código Civil de Puebla establece que los solicitantes de un acta de nacimiento conforme a su identidad de género deben tener al menos 18 años. Sin embargo, la decisión de la SCJN contradice esta normativa al afirmar que los menores deben ser tratados como adultos en este aspecto.
¿Cuál es la respuesta de los congresos locales?
Los congresos locales han manifestado su desacuerdo con la exigencia de la SCJN, al señalar que hay temas más urgentes para atender los derechos de los menores. En Puebla, la fracción mayoritaria ha expresado que no se eliminará la restricción de edad que actualmente rige sobre este proceso.
La situación plantea interrogantes sobre la urgencia de modificar el Código Civil en este momento, sobre todo cuando se considera que los derechos y protecciones en torno a los menores de edad requieren una atención más integral.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
La resolución de la SCJN implica que se deberán implementar procedimientos administrativos accesibles para que los padres o tutores puedan registrar la identidad de su hija o hijo. Esto podría generar un aumento en la carga administrativa de los gobiernos locales y requerir un mayor compromiso con la protección de los derechos de los menores.
La discusión en torno a estos temas es crucial no solo para los que se ven directamente afectados, sino para el marco legal que rige en el país. La resistencia de los congresos locales podría llevar a un conflicto entre los poderes del Estado, lo que a su vez podría reconfigurar el debate sobre derechos civiles en México.
Con información de intoleranciadiario.com