La reforma laboral en plataformas digitales ha generado tensiones legales entre empresas tecnológicas y trabajadores de servicios de reparto. La controversia gira en torno al cumplimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un derecho que ya algunas firmas han comenzado a aplicar, mientras que otras lo evaden.
Sergio Guerrero, líder de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, ha señalado que las respuestas de las empresas son desiguales. Por ejemplo, Rappi ha comenzado a distribuir las utilidades a sus repartidores que cumplen con los requisitos establecidos, mientras que Uber argumenta que no está obligada a realizar estos pagos en el presente año fiscal.
Uber justifica su postura en una disposición de la Ley Federal del Trabajo que exime a nuevas empresas durante su primer año de operación. Según Guerrero, la compañía alega que su razón social actual es reciente, lo que la excluye del requisito de reparto de ganancias en este ciclo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social enfrenta el reto de decidir si la restructuración corporativa que han llevado a cabo algunas plataformas afecta los derechos laborales de trabajadores con años de actividad en el país. La cuestión de si estos cambios constituyen un inicio legítimo de operaciones o una maniobra para evadir responsabilidades laborales sigue sin resolverse.
Mientras tanto, DiDi tampoco ha hecho pronunciamientos claros sobre su intención de pagar esta prestación. La falta de comunicación genera incertidumbre entre esos trabajadores que esperan una respuesta definitoria a su situación laboral tras los recientes cambios normativos. Especialistas en derecho laboral indicaron que este caso podría establecer un importante precedente sobre la aplicación de la ley en la economía colaborativa.
Con información de eleconomista.com.mx