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Conflicto en San Rafael por elecciones judicializadas del PJ

Conflicto electoral en San Rafael con acusaciones entre la vicegobernadora y el diputado Ramón sobre la validez de las elecciones judicializadas.

Por Redacción1 min de lectura
La vicegobernadora y el diputado Ramón intercambian acusaciones sobre la validez de las elecciones en curso.
La vicegobernadora y el diputado Ramón intercambian acusaciones sobre la validez de las elecciones en curso.
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San Rafael, Mendoza. – La campaña electoral en San Rafael se intensifica tras el dictamen de la Fiscalía de Estado que cuestiona las elecciones para elegir a 24 convencionales. La vicegobernadora Hebe Casado aludió a maniobras del intendente para frenar estos comicios, alineándose con denuncias sobre manipulación política.

El conflicto se centra en la denuncia presentada por el diputado José Luis Ramón, quien argumenta que la elección de convencionales no cumple con los procedimientos legales exigidos. Casado, en respuesta, insinuó que el intendente no desea asumir la responsabilidad por un posible fracaso electoral. Esto ha generado un intercambio de acusaciones acaloradas entre militantes del PJ y sus críticos.

Los apoyos y rechazos a las elecciones se distribuyen entre los actores políticos locales; senadores y diputados del PJ han acusado al intendente de otorgar beneficios a ciertos grupos en lugar de garantizar la transparencia electoral. Ramón se ha manifestado en favor de la autonomía municipal, sugiriendo que las elecciones deben estar respaldadas por un marco legal y una adecuada consulta popular.

Ante las tensiones, la Suprema Corte de Justicia programó una audiencia para tratar la reivindicación de Ramón. Este evento, crucial para la continuidad de las elecciones, se llevará a cabo hoy a las 18 horas. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal decidirá si se suspenden o continúan los comicios, lo que podría tener repercusiones significativas en la política local.

El dictamen de la Fiscalía de Estado sugiere que hay razones válidas para evaluar la inconstitucionalidad del proceso electoral. Las reclamaciones sobre la falta de reglamentación y el incumplimiento de procedimientos establecidos centran las objeciones, lo que agrega presión a los involucrados en esta controversia.

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