Un tribunal falló en contra del ex jefe de fiscales Patricio Serjal, señalándolo por liderar una red de corrupción vinculada a juego ilegal, poniendo en jaque la situación del senador Traferri en una investigación que abarca a poderosos actores políticos y judiciales.
Un tribunal compuesto por tres jueces dictaminó una condena de nueve años de prisión para el ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, por su participación en una red de sobornos destinada a encubrir actividades de juego clandestino. La sentencia también alcanzó a Nelson Ugolini, empleado de la misma unidad fiscal, quien recibió una condena de cinco años por mantener contacto con un empresario criminal. La sentencia, que fue unánime, confirma la existencia de una estructura ilícita que involucraba a actores políticos y judiciales, encabezada por Serjal, quien fue desplazado en 2020, tras haber asumido que operaba bajo una organización que, al parecer, recibía financiamiento para proteger a operadores ilegales.
Este fallo es particularmente relevante, ya que implica a figuras políticas de alto nivel, como el senador Armando Traferri, quien actualmente mantiene fueros legislativos. La investigación apunta que Traferri presuntamente formaba parte de una red que usufructuaba recursos del juego ilegal, bajo la protección de funcionarios judiciales, y que habría recibido dinero para su campaña política. La condena a Serjal por asociación ilícita refuerza la posibilidad de que Traferri enfrente en breve una resolución similar, en un contexto donde la justicia busca esclarecer movimientos de financiación ilícita en la política santafesina.
La investigación, que fue avalada íntegramente por el tribunal, destaca que la causa surgió en 2017 y que los esfuerzos de fiscales como Schiappa Pietra y Edery, inicialmente apartados del proceso, fueron fundamentales para esclarecer los vínculos y actividades ilícitas. La presencia de actores políticos y funcionarios en la trama, así como las acusaciones de manipulación y obstáculos en la investigación, reflejan una complejidad que trasciende el simple delito de juego clandestino. Además, el fallo reafirma la legalidad del trabajo fiscal y descarta versiones de un armado ilegal o coordinado desde el poder político, consolidando la percepción de un sistema judicial que trabaja para desarticular estructuras de corrupción.
El caso también se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Santa Fe, donde las conexiones entre crimen organizado, política y justicia dificultan la persecución de delitos. La condena de Serjal y las implicancias para Traferri generan expectativas sobre el curso de futuras acciones judiciales y el impacto en la política local, en un escenario donde la transparencia y la lucha contra la corrupción se vuelven prioritarios.