La dependencia prioriza obras en otros estados del país pese a disputas por recursos hídricos en Chihuahua, generando cuestionamientos sobre la distribución.
En un anuncio realizado en Palacio Nacional, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó la implementación de 17 proyectos estratégicos para la gestión y suministro de agua en varias regiones mexicanas. Estas obras comprenden la construcción de desaladoras, presas, acueductos, redes de distribución y medidas de protección contra inundaciones, abarcando estados como Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La inversión total proyectada para el periodo 2025-2030 alcanza aproximadamente 122 mil 600 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se destinarán en el próximo año.
El funcionario encargado detalló que actualmente ocho de estos proyectos están en marcha, con otros tres en fase de contratación y seis en proceso de socialización y cierre técnico. La suma de estas iniciativas en ejecución alcanzará 11 obras en funcionamiento en los próximos días. La estrategia orienta a garantizar el suministro de agua potable, saneamiento y drenaje a una población aproximada de 36 millones de personas, con una visión de sustentabilidad a largo plazo, con proyecciones de duración hasta 40 años.
A pesar del compromiso con estos proyectos, Chihuahua fue excluido de la lista de beneficiarios, una decisión que resulta notable considerando las persistentes disputas sobre el manejo de recursos hídricos en ese estado. Chihuahua enfrenta conflictos históricos relacionados con el uso y control de presas y acuíferos, así como desafíos derivados del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que regula las aguas internacionales compartidas. La exclusión genera cuestionamientos sobre las políticas de distribución y gestión del recurso en un contexto de creciente déficit hídrico nacional.
Este enfoque de inversión prioriza zonas donde la necesidad de infraestructura acuífera es mayor, pero también pone en primer plano la complejidad del manejo hídrico en regiones con conflictos por derechos y repartos. La problemática en Chihuahua refleja las tensiones existentes en la administración del agua, un recurso vital para el desarrollo económico, social y ambiental de México.