Organizaciones defienden la libertad de expresión ante una reforma que criminaliza el uso de redes sociales y genera controversia por su alcance y redacción. En Puebla, diversas organizaciones sociales, instituciones académicas y colectivos de derechos humanos han presentado amparos contra la reforma al Código Penal estatal, específicamente en contra del Artículo 480, que tipifica el delito de “ciberasedio”. La reforma, conocida como la “Ley Censura”, fue aprobada en julio pasado por el Congreso local y busca establecer sanciones para quienes hostiguen, vigilen u ofendan a otros a través de plataformas digitales. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre defensores de derechos, ya que la definición de hostigamiento digital resulta subjetiva y puede ser utilizada para restringir el ejercicio de la libertad de expresión, afectando tanto a periodistas como a activistas. El tema adquiere mayor relevancia en un contexto donde Puebla ha acumulado más de veinte casos de acoso judicial en los últimos años, principalmente dirigidos a quienes investigan temas de interés público. La comunidad académica y organizaciones de derechos humanos argumentan que la legislación podría inhibir la libertad de expresión al dar pie a persecuciones judiciales contra voces críticas, afectando así la democracia y el periodismo en la región. La polémica también incluye declaraciones de dirigentes políticos, quienes han confundido el delito de “ciberacoso” con el de “ciberasedio”, generando debates sobre la redacción y alcance de la normativa. Para fortalecer la protección de derechos digitales, expertos sugieren revisar el articulado para evitar ambigüedades. La oposición a la ley continúa promoviendo recursos legales con el fin de que sea abrogada, destacando la importancia de mantener un marco legal que salvaguarde el ejercicio libre de expresión sin ser utilizado para perseguir a quienes expresan opiniones disidentes.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
