La Paz, Bolivia. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha requerido al Estado boliviano información sobre el estado de salud y las condiciones de detención preventiva de Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en un contexto de denuncias de intimidación.
La CIDH notificó al Estado boliviano el 2 de febrero, solicitando medidas cautelares y detalles sobre la situación de Castro en la cárcel. La comisionada Kelly Tejeda, representante de Derechos Humanos, había presentado estas solicitudes en noviembre de 2022, alegando vulneraciones a los derechos fundamentales de Castro.
Claudia Castro es la única persona en detención preventiva entre siete acusados de consorcio y tráfico de influencias. Su abogado, Marco Mostajo, argumentó que pese a los certificados médicos que demuestran su condición de epilepsia, la exvocal sigue en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en condiciones que podrían agravar su salud.
El caso de Claudia Castro se origina en un escándalo destapado en junio, cuando el exjuez Marcelo Lea Plaza fue aprehendido por suspender a la magistrada Fanny Coaquira. Lea Plaza reveló audios que implicaban al exministro de Justicia, César Siles, en presión improperia a las autoridades judiciales, lo que llevó a su posterior detención domiciliaria y trágica muerte bajo circunstancias inquietantes.
La defensa de Castro ha informado que se llevaron a cabo entrevistas sobre su salud en prisión y las amenazas que ha denunciado, mientras espera respuestas sobre sus condiciones médicas. Esto se enmarca en una serie de acciones legales que buscan proteger sus derechos y permitir una investigación imparcial sobre el caso de Coaquira. La situación actual genera inquietud sobre el tratamiento de derechos humanos en el país.