La plataforma del gobierno mexicano planea facilitar el acceso a inversiones con nuevas funcionalidades y fortalecer la inclusión financiera en el país.
Cetes Directo, la plataforma de inversión del gobierno mexicano, trabaja en la implementación de depósitos disponibles las 24 horas del día, en un esfuerzo por incrementar la adopción de instrumentos financieros simples y seguros. La plataforma, que permite comprar valores gubernamentales sin intermediarios bancarios ni comisiones, aspira a aumentar su base de usuarios de 2.7 millones a 3 millones en 2026, sumando aproximadamente 600 nuevos usuarios diarios.
El proyecto es parte de la estrategia del gobierno para promover la inclusión financiera, en línea con la Política Nacional de Inclusión Financiera. A través de campañas informativas, se busca sensibilizar a quienes aún guardan su dinero en efectivo o en esquemas informales, resaltando los beneficios de invertir en Cetes y otros instrumentos oficiales para proteger el ahorro contra la inflación y evitar riesgos de robo o fraude.
A pesar de las reducciones en las tasas de interés establecidas por Banco de México en 2023, los Cetes siguen siendo instrumentos seguros con rendimientos mayores a la inflación. La plataforma permite inversiones desde 100 pesos en fondos como Bonddia, que ofrecen liquidez diaria, y desde 300 pesos en esquemas de ahorro recurrente, que facilitan el retiro de fondos mediante tarjetas de débito.
Los inversionistas mexicanos prefieren opciones a corto plazo, principalmente Cetes a 28 días y Bonddia, debido a su fácil accesibilidad y liquidez. Por el momento, no está previsto permitir depósitos en efectivo, centrando la promoción en usuarios en situación formal y con cuentas digitales, en línea con las políticas de inclusión de la administración pública.
En un contexto de alta tasa de referencia que en 2023 alcanzó el 11.25%, estos instrumentos se mantienen como alternativas rentables para quienes desean resguardar su dinero de manera segura y eficiente.
La iniciativa se enmarca en la búsqueda del gobierno de democratizar el acceso a las inversiones y reducir la vulnerabilidad de sectores amplios de la población ante la informalidad y riesgos asociados a ahorros en efectivo.