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Condenan a Pedro Castillo a más de 11 años de prisión en Perú

La Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años por el intento de disolver el Congreso en 2022, en medio de un proceso judicial.

Por Redacción2 min de lectura
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La Corte Suprema peruana dicta una condena por tentativa de golpe de Estado, en medio de un proceso judicial que refleja tensiones políticas en el país.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ha condenado al expresidente Pedro Castillo a una sentencia de más de 11 años y medio de prisión tras un proceso judicial derivado de sus acciones en 2022. La decisión, tomada por una mayoría de dos votos contra uno, ocurrió en medio de una investigación por un fallido intento de golpe de Estado cuando Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar mediante decretos ley, en un hecho que tensionó significativamente la política peruana.

La condena fue motivada después de que las autoridades judiciales determinaran que, aunque el expresidente fue acusado inicialmente por rebelión con una posible pena de casi 34 años, la Corte consideró que su accionar no cumplió con todos los elementos del delito, ajustando así la condena a un marco legal menor. Este fallo se produce cerca de tres meses después de que Castillo transmitiera un mensaje en vivo en el que anunció la disolución del Congreso, además de proponer una reorganización del sistema judicial y una Asamblea Constituyente, acciones que generaron controversia en el escenario político nacional.

A lo largo del proceso, Castillo ha sostenido que sus declaraciones fueron un acto de expresión política y que no pretendía un acto ilegal, argumentando que su llamado fue un “clamor popular”. La jueza también destacó que los tres años de prisión preventiva que Castillo cumplió actualmente se descontarán de la sentencia definitiva, cuya lectura está prevista para el 4 de diciembre. La condena representa un momento decisivo en un país que vive una fuerte polarización política y judicial.

Este caso refleja la complejidad del sistema judicial peruano en manejar procesos relacionados con la alta política y evidencia la tensión que enfrentan las instituciones respecto a los exmandatarios. La situación de Castillo sigue siendo un punto focal del debate público y de la agenda política en Perú.

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