La Fiscalía de Campeche presenta formalmente un pedido de desafuero contra el líder del PRI por presunto desfalco millonario, mientras Moreno y su partido denuncian persecución política
La Fiscalía del Estado de Campeche ha presentado formalmente un pedido de desafuero en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, ante el Congreso de la Unión. La solicitud responde a una acusación de desfalco por un monto que podría alcanzar los 83.5 millones de pesos, relacionados con diversos casos que ocurrieron durante su gestión como gobernador del estado, entre 2015 y 2019.
Este nuevo requerimiento se suma a antecedentes ya existentes, ya que en 2022 la misma Fiscalía inició una investigación en la misma línea contra Moreno. A lo largo de los últimos años, el líder tricolor ha denunciado que se trata de una persecución política impulsada por la actual administración. En particular, ha señalado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con quien mantiene un enfrentamiento público y constante. Moreno afirmó este miércoles que no le preocupa la acusación, calificándola de invento y asegurando que no tiene nada que temer.
El Ministerio Público detalló que el presunto desfalco de 83.5 millones de pesos incluye varias obras y contratos relacionados con su gestión como gobernador. Entre ellas, la construcción de la Plaza Colosio, valorada en 18.2 millones de pesos; la malversación de recursos en la Secretaría de Seguridad Pública, por 27.2 millones; contratos de publicidad con la empresa Mayavisión por 14.1 millones; y la creación de una consultora fiscal utilizada por la Administración Portuaria Integral de Campeche, por 23.8 millones.
En una conferencia de prensa junto a otros dirigentes de su partido, Moreno afirmó que el pedido de desafuero representa un acto de persecución política. Además, anunció que ha presentado denuncias penales contra varias figuras de Morena, incluyendo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; al expresidente Andrés Manuel López Beltrán y a su hijo Andy López Beltrán. Los acusa de tener vínculos con el crimen organizado.
Moreno también criticó las sospechas que pesan sobre Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, a quien solicitó que renuncie a su cargo. Lo acusó de denigrar al Senado y de tener nexos con Hernán Bermúdez Requena, lo que, en su opinión, genera un daño institucional.
El proceso de desafuero será primero evaluado por el diputado morenista Hugo Éric Flores Cervantes, quien preside la primera instancia de revisión en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría. En caso de aprobarse en esa instancia, la resolución será sometida al pleno del Congreso de la Unión, donde también domina la bancada oficialista. La decisión final dependerá de si el oficialismo decide avanzar en contra de un líder de la oposición, o si prefiere mantener la tensión política en niveles bajos ante posibles repercusiones internacionales.
El escenario político se mantiene tenso, y las dudas sobre si la 4T optará por una postura confrontacional o buscará reducir las tensiones son cada vez mayores. La decisión del Congreso determinará si Moreno enfrenta un proceso penal efectivo o si, por el contrario, se mantiene en una situación de inmunidad política provisional, en un contexto de alta polarización en México.