En un esfuerzo por mejorar la gestión del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), se propone una reforma que elimina las restricciones previas en la distribución de recursos destinados a tratar enfermedades de alto costo. Este fideicomiso, que inicialmente operaba dentro del Seguro Popular, ahora busca una mayor flexibilidad para priorizar las necesidades del sector salud, permitiendo al Comité Técnico definir los criterios de asignación sin limitaciones porcentuales estrictas.
El cambio responde a la intención de aumentar la eficiencia y la adaptabilidad en la atención médica, aunque ha generado resistencia entre legisladores opositores, quienes advierten que la eliminación de los porcentajes puede abrir la puerta a un uso discrecional de los recursos, poniendo en riesgo la atención a los pacientes más vulnerables que dependen de estos fondos para tratamientos complejos como quimioterapias y terapias antivirales. La oposición también señala que esto podría llevar a una disminución en los recursos disponibles, dado que en años recientes la inversión en enfermedades catastróficas ha reducido significativamente.
Desde su creación, el Fonsabi ha sufrido una disminución notable en sus recursos: en 2012, destinó casi 9 mil millones de pesos para cubrir gastos de alto costo, mientras que en 2022, esa cifra se redujo a poco más de 52 millones de pesos. La reforma que se discute forma parte de un paquete mayor de cambios en el Sistema Nacional de Salud, que también contempla medidas para penalizar la venta de productos como vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La propuesta enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso, especialmente por parte de legisladores de oposición que temen que estas modificaciones puedan socavar la protección de quienes requieren atención especializada, poniendo en riesgo el acceso a tratamientos esenciales.