Las protestas intermitentes provocan daños económicos significativos y afectan la movilidad, poniendo en riesgo el abasto y la economía de miles de hogares.
Durante la semana del 19 al 26 de noviembre, los bloqueos en diversas rutas carreteras del país causaron pérdidas económicas que oscilan entre 3,000 y 6,000 millones de pesos, derivadas de interrupciones en el transporte de mercancías y el abastecimiento. Estas manifestaciones, organizadas por diversos grupos de transportistas y campesinos, buscan exigir mayores medidas de seguridad, precios justos para productos agrícolas y solución a problemas de inseguridad y extorsiones en las rutas. La interrupción de transporte afecta principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen de una logística fluida para mantener sus operaciones y pagar salarios, rentas y servicios básicos.
La situación se ha intensificado debido a la continuidad de los cierres en puntos estratégicos como vías principales hacia Puebla, Querétaro y el Bajío, impactando cadenas de suministro esenciales para la economía nacional. Frente a esto, organismos empresariales han solicitado la apertura de corredores prioritarios para bienes básicos y la implementación de mecanismos en tiempo real que informen sobre cierres y rutas alternas. Expertos consideran que se requiere un diálogo constructivo que permita conciliar el derecho a manifestarse con la reactivación económica y la protección del empleo. Con estas acciones, se busca reducir los efectos adversos y evitar un daño mayor al crecimiento del país.
Desde hace varios días, las protestas han provocado cierres totales y parciales en múltiples vías del país, afectando el tránsito y el suministro de productos básicos, lo que pone en evidencia la importancia de establecer acuerdos que equilibren la protesta social con la actividad económica y el bienestar general.