Un juez federal rechaza la solicitud del capitán de navío para acceder a sus fondos, en medio de investigaciones por contrabando de combustibles y posibles vínculos militares.
La autoridad judicial en México mantiene el bloqueo de las cuentas bancarias del capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, quien enfrenta cargos relacionados con un esquema de contrabando de hidrocarburos en puertos marítimos. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal negó la petición del militar para levantar la restricción, argumentando que no acreditó el interés jurídico necesario para la medida. La audiencia definitiva para resolver si se mantiene o modifica la suspensión se realizará en diciembre, en línea con la gravedad de la investigación.
Este caso forma parte de una amplia investigación contra una red de corrupción que operó en diferentes puertos del país. La Fiscalía General de la República ha detectado operaciones que implican tanto a personal naval como a funcionarios aduanales, quienes habrían facilitado el ingreso ilegal de millones de litros de combustible mediante documentación falsa y permisos amañados. En el marco de esta causa, personal naviero de alto rango, incluido un vicealmirante, ha sido detenido y presentado ante las autoridades, revelando la posible participación de mandos militares en actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal.
El análisis patrimonial de López Arellano ha mostrado movimientos financieros que superan los 13 millones de pesos en solo cuatro años, provenientes, según investigaciones, de fondos públicos relacionados con su cargo en la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas. Estas transacciones incluyen compras de vehículos, adquisición de divisas y venta de acciones, generando alertas en la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso sigue en etapa de investigación, con el compromiso de esclarecer todos los posibles nexos del personal naval implicado en esta estructura ilícita.
El próximo 10 de diciembre se determinará si la restricción bancaria en favor del capitán se mantiene, como medida de control durante el proceso penal, o si en cambio se levanta en función de evidencias adicionales aportadas por la defensa. La resolución será clave para entender la amplitud de la participación militar en estos hechos y las futuras acciones judiciales.