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Solo el 42.2% de los mexicanos tiene ahorro formal para el retiro

Solo el 42.2% de los mexicanos cuenta con fondos formales para el retiro, evidenciando brechas laborales y desafíos en la cultura del ahorro.

Por Redacción1 min de lectura
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La baja participación en instrumentos de ahorro refleja brechas de género y laboral, además de desafíos en la cultura del ahorro y las políticas sociales.

En México, menos de la mitad de la población entre 18 y 70 años dispone de una cuenta formal de ahorro para el retiro, como las pensiones administradas por Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), cifras que se mantienen estables pero revelan importantes desafíos en la seguridad económica de los adultos mayores. A pesar de que esta proporción aumenta respecto a años anteriores, aún existe una brecha significativa en la participación, especialmente entre mujeres, quienes tienen una menor presencia en estos instrumentos.

Factores laborales y estructurales explican en buena medida esta situación. La elevada informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores en México, limita su acceso a esquemas de seguridad social y, por ende, a las AFORE. Además, las desigualdades de género, reflejadas en una menor tasa de participación laboral femenina, contribuyen a reducir las opciones de protección para las mujeres, quienes también enfrentan mayores obstáculos para acceder a mecanismos de ahorro voluntario.

El estudio también señala que, aunque crece la tendencia de realizar aportaciones voluntarias en las cuentas de retiro, la proporción sigue siendo baja. Las principales barreras son la falta de ingresos permanentes y el desconocimiento sobre cómo funcionan estos aportes, lo que limita la acumulación de fondos destinados a una vejez digna. La mayoría de la población confía en programas sociales, como la Pensión para el Bienestar, que en 2024 entregó 6,200 pesos bimestrales, una cantidad insuficiente para cubrir la canasta básica, cuyo costo estimado es de aproximadamente 4,670 pesos mensuales.

La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas que incentiven el ahorro, combatan la informalidad laboral y reduzcan las desigualdades de género, con el fin de garantizar una vejez con mejores condiciones económicas para todos los mexicanos.

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