A más de un mes del anuncio de Patricia Bullrich de asistencia para municipios afectados, no se han entregado los fondos ni maquinaria, generando tensión en el campo y los gobiernos locales.
Las secuelas de las intensas inundaciones en el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires continúan impactando a las comunidades, sin que aún se hayan materializado los recursos prometidos. Hace más de un mes, Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, anunció un paquete de ayuda que incluía 1.900 millones de pesos y maquinaria especializada para los municipios afectados. Sin embargo, los fondos y equipamiento todavía no han sido entregados, a pesar de que las autoridades nacionales y provinciales reconocen la emergencia como vigente.
La promesa inicial se realizó en un contexto de crisis, cuando las autoridades buscaban mostrar compromiso con la recuperación rural y urbana. No obstante, en los días siguientes, la cifra se redujo, y se aclaró que el monto debe distribuirse entre más municipios de lo inicialmente previsto, incrementando la dispersión y reduciendo la eficacia de la ayuda.
Entidades y productores en los municipios afectados reportan retrasos en la transferencia de los recursos, que deberían haber llegado semanas atrás. La situación deja a comunidades rurales en una situación precaria, con caminos rurales colapsados y sin maquinaria suficiente para tareas de recuperación. La escasez de ayuda en maquinaria ha generado controversia, y algunos intendentes proyectan aumentos en las tasas viales para afrontar los daños y el mantenimiento de infraestructura, en un contexto donde la destrucción agrícola se profundiza.
El daño se refleja en pérdidas económicas significativas: organizaciones del sector agrícola alertan que, en 2026, las inundaciones podrían significar la pérdida de unos 2.000 millones de dólares en ingresos. La falta de obras hidráulicas en la región, particularmente en la Cuenca del Salado, ha sido identificada como la causa principal de la recurrencia del problema, afectando alrededor de 1.5 millones de hectáreas y poniendo en riesgo la recuperación productiva regional.
Este escenario evidencia la necesidad de una respuesta integral que combine ayuda de emergencia con inversiones en infraestructura, para evitar que desastres naturales sigan impactando de forma catastrófica a las economías locales y nacionales. La demora en la ejecución de estos recursos resalta las dificultades de gestión y coordinación en el manejo de emergencias en la región.