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Ministra Lenia Batres mantiene 78 colaboradores y altos costos en la SCJN

La ministra Lenia Batres mantiene 78 colaboradores y gastos mensuales que superan los 5 millones de pesos, en contrastante con los principios de austeridad del gobierno.

Por Redacción1 min de lectura
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A pesar de discursos de austeridad, la ministra de la Suprema Corte cuenta con el mayor equipo y un gasto mensual superior a 5 millones de pesos, generando polémica sobre el uso de recursos públicos.

En el marco del debate sobre el cumplimiento de los principios de austeridad gubernamental, se ha evidenciado que la ministra Lenia Batres, conocida como la “ministra del Pueblo”, mantiene una estructura de trabajo excepcionalmente grande en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con un total de 78 colaboradores a su cargo, su equipo supera en número a otros ministros, incluyendo a la ministra Sara Irene Herrerías y al ministro Arístides Guerrero, y solo queda por detrás del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente del tribunal.

El costo mensual en remuneraciones para este cuadro de personal asciende a más de 5 millones de pesos, siendo la suma total de los salarios netos de todos los colaboradores de aproximadamente 3 millones 720 mil pesos. Entre los integrantes de su equipo destaca el secretario de Estudio y Cuenta, quien recibe casi 120 mil pesos mensuales, cifras que contrastan con la narrativa oficial sobre austeridad y uso responsable de los recursos públicos. Además, los integrantes disfrutan de prestaciones como seguros médicos, aguinaldos y primas vacacionales. La misma Batres gana cerca de 129 mil pesos netos al mes, en un contexto donde el gasto en su equipo resulta difícil de justificar frente a las políticas de recorte y austeridad propuestas por el gobierno de Morena.

En un escenario donde cada tamaño y estructura del personal puede afectar la percepción pública del manejo del presupuesto, esta situación refleja la necesidad de mayor transparencia y revisión en los gastos del Poder Judicial. La polémica surge en medio de debates sobre si la austeridad debe aplicarse equitativamente en todos los órganos del Estado, en especial en instituciones tan relevantes como la Suprema Corte.

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