La reciente actualización tarifaria muestra un incremento en los costos residenciales y una reducción en las tarifas para las industrias, en un esquema que contradice las promesas oficiales de desregulación.
En un movimiento que genera controversia, las tarifas de electricidad para los consumidores residenciales experimentaron un incremento, mientras que las grandes empresas obtienen beneficios con tarifas menores. La resolución 434/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que, en el período comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026, el precio estacional de verano reflejará aumentos para los hogares en un 3,45%, manteniendo subsidios, y una reducción del 8% en las tarifas para comercios e industrias pequeñas. Sin embargo, los grandes usuarios continuarán pagando un 11% menos que los hogares, lo cual representa una reversión respecto a los objetivos iniciales de desregulación del mercado energético.
El esquema, en teoría, busca facilitar contratos directos entre generadores y grandes consumidores en un mercado donde el precio del megavatio en el mercado spot es más alto por reflejar costos reales de generación. No obstante, el debut del nuevo sistema evidencia una tendencia opuesta: una mayor carga para los hogares y alivio para las grandes empresas, lo cual ha sido calificado como una política que favorece a los grandes sectores económicos a expensas de la ciudadanía.
Además, se modificó el sistema de medición para usuarios residenciales y pequeños comercios en la zona Metropolitana, permitiendo el cambio de medición bimestral a mensual. Esto busca brindar mayor precisión en el control del consumo y facilitar la planificación de pagos. Más allá de los cambios tarifarios, las tarifas de los servicios públicos han acumulado incrementos significativos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con aumentos en gas natural y electricidad que superan el 500%, afectando a millones de hogares y pequeñas empresas, y eliminando subsidios a gran escala.
En el contexto, expertos advierten sobre la tendencia a favorecer las tarifas de las grandes compañías frente a los derechos de los usuarios residenciales, en un escenario donde la economía familiar se ve impactada por los aumentos recurrentes de los servicios básicos.