El asesinato del edil Carlos Manzo evidencia la profunda crisis de gobernabilidad y violencia que afecta a la región desde hace años. Desde el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el estado de Michoacán vuelve a estar en el centro de la atención nacional, evidenciando una crisis de violencia y gobernabilidad que se ha agravado en las últimas décadas. Manzo, quien ganó la elección municipal por vía independiente en 2024 y se había caracterizado por su postura firme contra la inseguridad, fue víctima de un crimen que alarma a las autoridades y a la ciudadanía. La pérdida del líder comunitario se suma a una serie de hechos violentos que reflejan un panorama de ingobernabilidad en la entidad. Michoacán ha sido escenario de una lucha constante entre diversos cárteles y grupos delictivos desde hace casi 20 años, con antecedentes que remontan a la implementación del “Operativo Conjunto Michoacán” en 2006, ordenado en respuesta a una ola de violencia desatada por el narcotráfico. En ese momento, el gobierno federal desplazó al estado en la lucha contra organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, pero la violencia persistió y se diversificó. Actualmente, la presencia de 24 grupos delictivos en más de la mitad de los municipios michoacanos refleja la complejidad del conflicto. Especialistas en seguridad consideran que la situación en la región puede calificarse como un estado fallido, ante la incapacidad de las autoridades por mantener el orden y garantizar la seguridad, lo que también se evidencia en las elevadas cifras de homicidios, que superan los 22,000 desde 2006. La problemática se ha profundizado con el tiempo, con los años más violentos a nivel de asesinatos ocurriendo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con picos de casi 2,300 homicidios en ciertos años. Este contexto histórico y actual confirma que la crisis en Michoacán requiere una atención integral y sostenida para restablecer la gobernabilid
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