La disputa legal por la potestad de recaudar impuestos provinciales en dependencias nacionales se intensifica al llegar a la CSJN, poniendo en riesgo la recaudación local.
En una escalada de tensiones por el control tributario en dependencias del Estado, el gobierno de Javier Milei ha llevado el conflicto a la Corte Suprema de Justicia. La disputa surge por la autoridad de la provincia de Buenos Aires para cobrar impuestos sobre automotores y sellos en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, una práctica que se ha llevado a cabo durante más de 30 años en virtud de un convenio firmado en 1991.
La controversia estalló cuando el Ministerio de Justicia de Argentina anunció en agosto de 2024 la caducidad de dicho acuerdo, aduciendo motivos de desregulación. Posteriormente, la Agencia de Recaudación bonaerense emitió una resolución que sostuvo que los registros debían continuar actuando como agentes de percepción, lo que fue interpretado por el gobierno nacional como una invasión de competencias.
Este enfrentamiento judicial ya había tenido repercusiones previas, con decisiones judiciales de un juez de primera instancia que favorecían la postura federal, aunque posteriormente la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión y afirmó que la provincia mantiene la facultad de cobro. Ahora, el Ministerio de Justicia presentó un recurso ante la Corte Suprema, solicitando que se revoque la resolución de la Cámara y se restituya la potestad provincial.
El eje del conflicto radica en la importancia de la recaudación de estos impuestos, que tiene un impacto directo en las finanzas provinciales. Según fuentes oficiales, el gobierno de Kicillof denuncia que la Provincia mantiene una deuda de más de 12 billones de pesos con Nación, un dato que evidencia la magnitud de la disputa. La resolución final de la Corte será crucial para definir la distribución de competencias en materia tributaria en el país.
Este conflicto refleja los desafíos del federalismo fiscal en Argentina, donde las disputas por la autonomía provincial frente a las políticas nacionales tienen profundas implicancias económicas y políticas a nivel local y nacional. La decisión del máximo tribunal determinará si las provincias podrán continuar administrando ciertos impuestos en dependencias nacionales, afectando la recaudación y posibles ingresos en el corto plazo.