Organizaciones de pequeños anfitriones presentan cinco iniciativas para fortalecer comunidades y regular plataformas digitales de hospedaje en medio de debates legislativos.
En medio de los debates políticos sobre la regulación del turismo y la gentrificación en la Ciudad de México, un grupo de pequeños anfitriones presentó cinco propuestas dirigidas a proteger las comunidades locales y potenciar la economía barrial. Estas iniciativas buscan crear un equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación de la identidad de los vecindarios, además de mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana en zonas afectadas por el crecimiento de plataformas digitales de hospedaje.
La propuesta más destacada es la exención del límite del 50% de noches de hospedaje anuales para anfitriones con una a tres propiedades, quienes representan a gran parte del sector y aseguran ser familias que viven del alquiler de sus inmuebles. La organización, formada por aproximadamente 12,000 personas, también pide a las autoridades destinar recursos a proyectos comunitarios mediante un porcentaje del impuesto sobre hospedaje, lo que facilitaría programas de revitalización en distintas colonias.
Estos pequeños emprendedores rechazan las atribuciones que algunos actores políticos y sociales les endilgan, señalando que no representan a grandes desarrolladores ni corporativos inmobiliarios. Defienden su actividad como un medio para mantener la economía local y promover un turismo responsable, argumentando que su labor contribuye con miles de millones de pesos y miles de empleos en la capital.
Analistas destacan que estas propuestas reflejan una necesidad de diálogo y regulación justa, que considere la vulnerabilidad de pequeños anfitriones y la protección de los barrios históricos y culturales de la ciudad. La ley vigente busca equilibrar intereses, pero aún enfrenta controversias y acciones legales en contra de las restricciones de noches permitidas.
Los representantes de los anfitriones manifestaron apertura a participar en foros públicos para dialogar y evaluar el impacto de las medidas, siempre que se respeten sus derechos y se reconozca su contribución a la economía local. Aunque no planean acciones legales inmediatas, reportan cerca de mil amparos en proceso para cuestionar la restricción establecida.