El exfuncionario continúa bajo procesos legales; el amparo de 90 días no detiene las investigaciones ni los procedimientos en su contra.
Un amparo otorgado al excontralor de Hidalgo, César Román N., garantiza una protección temporal por solo 90 días, lo que no significa que haya sido exonerado ni que haya evadido la justicia. Los procedimientos en su contra siguen en marcha, con nuevas investigaciones sumándose con el tiempo, evidenciando la continuidad del proceso legal en su contra. La medida busca garantizar derechos fundamentales mientras se resuelven las cuestiones judiciales abiertas, pero no altera la naturaleza de los cargos ni la situación definitiva del exfuncionario en el sistema judicial.
Mientras tanto, en asuntos políticos y administrativos, en Tulancingo las sesiones de cabildo revelan tensiones internas. La regidora Dora Luz Guzmán Flores protestó porque no se transmitió en redes sociales su participación durante una discusión sobre regulaciones para servicios de grúas y corralones, alegando problemas de conectividad en ese momento. La situación refleja las complicaciones técnicas que enfrentan los órganos de gobierno en la divulgación de información pública, afectando la transparencia y participación ciudadana.
Por otra parte, en el ámbito de infraestructura pública, el gobierno estatal adjudicó a la empresa Grupo Inelpro, vinculada a un líder empresarial regional, la demolición del antiguo salón de plenos del Congreso local. La obra, valorada en más de 4.2 millones de pesos, busca reemplazar un edificio con daños estructurales irreversibles, y las labores comenzarán en noviembre tras la firma del contrato, con recursos estatales destinados al proyecto. La decisión fue tomada tras una licitación en la que otras propuestas no cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos necesarios para su aprobación. Este proceso refleja el esfuerzo por garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y la modernización de espacios institucionales.