Lima, Perú. - La economía de plataformas ha transformado el panorama laboral en América Latina, donde cerca de 48.7% de la población activa trabaja en la informalidad. La pandemia aceleró esta transición, llevando a que muchos trabajadores ingresaran al sector flexible desde 2020. La encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2023-2024 revela que esta situación plantea desafíos únicos para la regulación estatal.
Un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT subraya que la diversidad de perfiles entre los trabajadores de plataformas dificulta la instauración de normativas homogéneas. Cada país enfrenta sus propias realidades en términos de informalidad y protección social, lo que exige respuestas adaptadas a sus circunstancias.
Chile, México, Colombia, Argentina y Uruguay han tomado distintas medidas en este sentido. Algunos países diseñan categorías específicas para los trabajadores de plataformas, mientras que otros buscan ampliar la cobertura social, manteniendo la independencia laboral. Este enfoque diversificado resalta una necesidad común: brindar mayor seguridad a los repartidores y claridad jurídica para las empresas de la economía digital.
La high tasa de informalidad ha hecho que el crecimiento del trabajo flexible se realice sobre un contexto precario y desprotegido. La cuestión de la regulación se vuelve apremiante, ya que es imperativo adaptar la legalidad a las nuevas dinámicas laborales, buscando equilibrar la protección social con la flexibilidad deseada por los trabajadores.
Los gobiernos continúan trabajando en este tema y se espera que se presenten propuestas más concretas en los próximos meses para abordar las problemáticas actuales en el sector.
Con información de expansion.mx