La salida del titular de la FGR genera expectativa en torno a su sucesor y el proceso de designación, en medio de versiones y controversias políticas.
En un evento que ha generado atención política, se confirmó que Alejandro Gertz Manero dejará su cargo como fiscal general de la República, abriendo un proceso para su reemplazo. La decisión, que se rumoraba en círculos oficiales, se produce en un contexto de especulaciones sobre su gestión y su posible remoción, en medio de un ambiente de máxima expectativa.
El procedimiento legal establece que, ante la salida definitiva del fiscal, la Cámara Alta dispone de 20 días para presentar una lista de al menos diez candidatos, entre los cuales la presidenta de la nación seleccionará una terna para la designación final. Entre los nombres que ha mencionado la opinión pública figura Ernestina Godoy, quien actualmente ocupa el cargo de consejera jurídica de la Presidencia y fue fiscal en la Ciudad de México, además de vincularse estrechamente al actual gobierno.
El proceso también ha despertado críticas por parte de opositores y legisladores que han cuestionado la transparencia del mismo. Algunos han señalado que la falta de claridad y la opacidad en el proceso podrían estar relacionadas con investigaciones en curso, vinculadas a temas de corrupción y tráfico ilícito, que considerarían a figuras cercanas al partido en el poder.
Este cambio en la fiscalía se entiende como un movimiento estratégico en un escenario donde la independencia de la institución se ha colocado en la mira. La autoridad en la materia ha destacado la importancia de fortalecer la autonomía y la confianza en la justicia, especialmente en un contexto de recientes avances en investigaciones contra delitos de gran impacto nacional e internacional.