La propuesta de la ley busca ordenar el uso del agua en México, pero campesinos y organizaciones agrícolas consideran que podría limitar los derechos de los productores y promover prácticas punitivas.
En abril de 2023, el Gobierno Federal presentó una propuesta integral para reformar la Ley General de Aguas y fortalecer el control estatal sobre los recursos hídricos en México. La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua, frenar el mercado negro de concesiones y regular el uso en procesos productivos, destacando la importancia de que el Estado tenga un control más riguroso sobre las concesiones para evitar abusos y prácticas ilegales. Además, se propone dejar atrás la transmisión de derechos de agua entre particulares, estableciendo permisos temporales que buscan simplificar y regularizar el acceso al recurso.
Este proyecto ha generado resistencia en el sector agrícola, donde algunos líderes consideran que las reformas son regresivas y pueden reducir las garantías obtenidas por los agricultores en cuanto al uso del agua en sus tierras. Argumentan que la prohibición de transferencias y la limitación de derechos puede afectar el valor de sus propiedades y complicar la continuidad de sus actividades agrícolas. Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han expresado su preocupación por que la propuesta podría criminalizar a los productores y limitar su acceso a un recurso vital, además de sugerir que se requiere una ley que apoye el crecimiento económico y la gestión sustentable del agua.
La discusión en el Congreso continúa, y líderes del sector agrícola trabajan en conjunto con legisladores para modificar el texto y evitar medidas que puedan perjudicar a los agricultores. En recientes reuniones, han acordado eliminar disposiciones que prohíben la transmisión de concesiones y facilitar la herencia de derechos, buscando así garantizar mayor seguridad y continuidad para quienes dependen del agua para su trabajo. La decisión de ajustar la normativa responde a la necesidad de equilibrar la protección del recurso con los derechos de los productores, en un contexto en el que la gestión del agua se vuelve cada vez más crucial ante la escasez y el cambio climático.