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Abogado vinculado al narcotráfico fue detenido por operar desde las cárceles

Detuvieron a un abogado en Rosario por operar desde la cárcel y coordinar negocios ilícitos, conectando narcos y facilitando operaciones en el exterior.

Por Redacción1 min de lectura
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Un profesional del derecho facilitaba comunicación entre líderes criminales y el exterior, consolidando redes delictivas en Rosario y sus alrededores.

Recientemente se llevó a cabo la detención de un abogado que mantenía contacto frecuente con importantes líderes de organizaciones narco en Rosario. Este profesional, que además de estudiar Derecho estaba condenado por delitos relacionados con el transporte de drogas, funcionaba como un vínculo estratégico para transmitir órdenes, coordinar negocios ilícitos y facilitar contactos con personas en el exterior desde las cárceles.

Su actividad se intensificó tras el allanamiento en la celda de René Ungaro, un reconocido capo narco detenido en 2010, donde se encontraron anotaciones que evidenciaban campañas de comunicación que mantenía con sus allegados y operadores en la calle. La investigación reveló que el abogado usaba un teléfono registrado a su nombre para triangulación de llamadas y órdenes, evitando las restricciones carcelarias y asegurando la continuidad de las operaciones ilícitas.

Entre sus relaciones destacadas figuran vínculos con traficantes de alto perfil en Rosario, como César Morán de la Cruz y otros condenados por delitos relacionados con armas y drogas. Funciones como coordinar la compra de propiedades, gestionar envíos de drogas y conectar diferentes bandas delictivas, le atribuían un papel central en el engranaje delictivo de la región. Además, se hallaron armas de guerra en su posesión, reforzando su cercanía con actividades criminales de alta peligrosidad. La detención señala la sofisticación con que operan estos profesionales para mantener sus redes de comunicación, incluso en prisión, y evidencia el esfuerzo de las autoridades por desmantelar estos círculos de poder narco.

El análisis subraya cómo el empleo de abogados para transmitir órdenes y coordinar acciones delictivas se ha convertido en una modalidad creciente que dificulta los controles penitenciarios tradicionales, lo que exige mayor preparación y vigilancia en el sistema judicial y penitenciario.

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