Morelia, Michoacán. – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha detallado las cuotas que los ciudadanos deberán cubrir por diversos servicios administrativos y periciales en la Ley de Ingresos para 2026. La carta de no antecedentes penales se mantendrá en $244 pesos, mientras que las pruebas de paternidad (ADN) tendrán un costo de $13,240 pesos, siendo este el servicio más elevado.
Los servicios relacionados con la verificación vehicular también presentan nuevos costos. La certificación de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación costará $464 pesos para vehículos ligeros y $928 pesos para vehículos pesados. Este trámite es esencial para garantizar la legalidad de un automotor en procesos de compraventa y emplacamiento.
La carta de no antecedentes penales, un documento crucial para procesos de contratación en México, especialmente en el sector público, mantiene su costo accesible. A nivel federal existen iniciativas para limitar su obligatoriedad en el sector privado, pero sigue siendo un requisito fundamental para demostrar solvencia moral o para trámites migratorios.
La certificación de no reporte de robo vehicular asegura la seguridad jurídica y patrimonial, confirmando que el vehículo no está involucrado en ilícitos penales. Su importancia radica en facilitar trámites como cambios de propietario o la obtención de seguros.
En comparación con otras entidades, el costo de la carta de no antecedentes penales en Michoacán se sitúa en un rango similar al de la Ciudad de México, donde suele oscilar entre $100 y $200 pesos.
El servicio más costoso de la FGE son las pruebas periciales solicitadas por particulares. Las pruebas genéticas de paternidad (ADN) se fijaron en $13,240 pesos, reflejando los altos costos operativos y tecnológicos de los laboratorios forenses.
En resumen, la Ley de Ingresos de la FGE para 2026 en Michoacán establece tarifas diferenciadas, con costos accesibles para documentos de control social, tarifas intermedias para verificación de bienes y precios elevados para servicios periciales especializados solicitados por la ciudadanía.