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Michoacán

Michoacán establece tarifas de seguridad privada para 2026

El Congreso de Michoacán define las tarifas y derechos para empresas de seguridad privada en 2026, abarcando autorizaciones, revalidaciones y servicios específicos, en conformidad con la legislación federal.

Por Redacción1 min de lectura
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Morelia, Michoacán. – El Congreso del Estado de Michoacán ha oficializado las tarifas y derechos que deberán ser cubiertos por empresas de seguridad privada que operan en la entidad durante el año 2026. Estas disposiciones, contenidas en la Ley de Ingresos estatal, buscan regular y fiscalizar este sector, alineándose con la legislación federal vigente.

La normativa detalla los costos para autorizaciones y revalidaciones anuales. La autorización inicial para diversos servicios, como protección de personas, vigilancia, traslado y custodia de bienes, así como localización e investigación, tendrá un costo de 13 mil 844 pesos.

La revalidación anual de las licencias, un requisito indispensable para la continuidad operativa de las empresas, ha sido fijada en 13 mil 124 pesos.

La ley federal marca el marco general para empresas que operan en más de una entidad, exigiendo autorizaciones federales que complementan las regulaciones estatales.

Se especifican también costos para servicios particulares, como el traslado y custodia de bienes y valores (13 mil 844 pesos) y el estudio para cambios o ampliaciones de modalidad de servicio (6 mil 809 pesos). Estos cobros buscan cubrir los procesos administrativos y de supervisión.

Adicionalmente, se establecieron derechos por 414 pesos para el estudio de inscripción de armas de fuego o equipos, y por el registro de cada elemento operativo en el padrón estatal, previa consulta de antecedentes policiales.

La expedición o reposición de identificaciones para el personal operativo también tendrá un costo de 414 pesos, asegurando la verificación del personal y el control de los recursos.

Todos estos pagos y derechos se encuentran en conformidad con la ley federal, garantizando la coordinación entre los marcos regulatorios para un entorno de seguridad privada ordenado en México.

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