El gobierno estatal oficializa una legislación que garantiza derechos y establece nuevas autoridades para transparentar la gestión pública
Con la publicación oficial de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, el gobierno estatal da un paso decisivo hacia la implementación de un sistema más abierto, participativo y vigilado por la ciudadanía. Esta normativa refuerza el compromiso de las autoridades por garantizar la transparencia en la gestión pública y otorga a los ciudadanos mayores derechos en el acceso a la información.
La ley fue publicada el 10 de julio en el Periódico Oficial del Estado, y asegura que las y los tamaulipecos tengan el derecho de acceder a la información pública y de proteger sus datos personales. Además, busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la administración pública estatal, permitiendo así una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y promoviendo la transparencia en la gestión gubernamental.
Una de las medidas más relevantes de esta legislación es la creación de nueve autoridades garantes, las cuales, desde su entrada en vigor, serán responsables de atender solicitudes de información y de resolver denuncias ciudadanas relacionadas con la transparencia, la protección de datos y el acceso a la información pública. Estas instancias están diseñadas para brindar un canal efectivo y formal para la ciudadanía, garantizando respuestas oportunas a sus solicitudes y quejas.
Las autoridades garantes que se establecen incluyen órganos de diferentes poderes y organismos autónomos, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Tribunal Electoral y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que opera bajo el nombre de Transparencia para el Pueblo. Este conjunto de instituciones tiene la responsabilidad de hacer valer los derechos de los ciudadanos en materia de transparencia y protección de datos.
De acuerdo con Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción en el estado, estas instituciones serán las encargadas de ofrecer respuestas efectivas a la ciudadanía, asegurando que cada solicitud o denuncia tenga un proceso formal y un seguimiento oportuno. La autoridad garantiza que las peticiones ciudadanas serán atendidas de manera adecuada y en los tiempos establecidos, fortaleciendo así la confianza en las instituciones públicas.
El enfoque principal de esta legislación es ampliar y consolidar los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia. Entre estos derechos destacan la posibilidad de presentar solicitudes de información, interponer denuncias, acceder a recursos de revisión y acudir al amparo para proteger sus derechos en caso de vulneraciones. La ley busca que la ciudadanía tenga un papel activo en la vigilancia y control de la gestión pública, promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todo el estado.
Pedraza Melo explicó que las contralorías y órganos internos de control también cuentan con responsabilidad en este proceso, ya que deben vigilar que las peticiones y denuncias ciudadanas sean atendidas adecuadamente, haciendo énfasis en el carácter vinculante de estas instituciones. Además, en casos donde los recursos involucren fondos federales, los recursos de inconformidad serán canalizados directamente a través de Transparencia para el Pueblo, una área dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a nivel federal.
Con esta nueva estructura, Tamaulipas muestra un compromiso institucional claro por fomentar la transparencia y fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. La creación de estas nueve autoridades garantes representa un paso importante para garantizar un modelo más robusto, justo y accesible para todas y todos los ciudadanos, en línea con los objetivos de una gestión pública abierta y responsable.
“La diferencia ahora será que habrá nueve autoridades garantes que atiendan y resuelvan. Se trata de un modelo más robusto, más justo y más accesible para las y los ciudadanos”, puntualizó la Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia y la protección de datos.