Más de 200 exfuncionarios del Poder Judicial mantienen una movilización indefinida para exigir el pago de sus indemnizaciones pendientes, evidenciando retrasos y dudas en la gestión de fondos públicos.
En un movimiento de protesta, un grupo que supera los 200 jueces y magistrados en retiro anunció un plantón indefinido iniciado el 3 de diciembre, en respuesta a los retrasos en el pago de sus indemnizaciones. La movilización fue acordada tras varias gestiones frustradas y busca presionar al Órgano de Administración Judicial para que cumpla con los pagos establecidos en la reforma constitucional de 2024. La protesta se concentrará en sus oficinas ubicadas en la colonia Guadalupe Inn y, potencialmente, en otros inmuebles del Poder Judicial desde donde exigirán claridad en los montos y fechas de liquidación.
El conflicto surge por un desacuerdo en el cálculo de las indemnizaciones, específicamente si estas deben incluir todas las prestaciones y conceptos de salario integrado. Aunque el Órgano ha sugerido que el pago se base en el salario base, los afectados exigen una liquidación completa según lo estipulado en la reforma. Las recientes fechas propuestas por las autoridades, primero en octubre, luego en noviembre y finalmente en diciembre, no han satisfecho a los exservidores, quienes temen que los recursos, liberados por la Secretaría de Hacienda, no sean administrados con transparencia.
El retraso en estos pagos ha tenido un impacto económico directo en los jefes judiciales retirados, quienes han tenido que recurrir a sus ahorros, ya que las restricciones legales impiden trabajar como abogados durante dos años. La insatisfacción ha aumentado tras varias marchas en noviembre, y la implementación de un plantón indefinido representa una estrategia definitiva para exigir soluciones concretas. La demanda central está orientada a obtener una fecha definitiva y una cifra clara de liquidación, en medio de inquietudes sobre el destino y uso de los fondos públicos destinados a pagar estas indemnizaciones.