Se impulsa la confiscación de más de 80 propiedades para cubrir una deuda millonaria derivada de una causa por corrupción
La Justicia Federal avanzó en la ejecución de un proceso de decomiso de bienes relacionados con la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, como parte de una sentencia que busca cubrir una deuda de aproximadamente 685 mil millones de pesos. La medida comprende más de 80 propiedades, incluidas tierras, inmuebles y activos adquiridos entre 2003 y 2015, período en el cual se juzgaron supuestos hechos de corrupción vinculados a la causa Vialidad.
El proceso de decomiso fue iniciado tras una acusación de los fiscales responsables del juicio, quienes elaboraron una lista de más de 140 bienes considerados “decomisables” y cuyo valor supera los montos pendientes. La resolución busca impedir que los beneficios derivados del delito sean utilizados o escondidos mediante transacciones, bienes o ganancias ilícitas. Sin embargo, la ejecución ha enfrentado obstáculos administrativos y legales, también cuestionamientos sobre el método de acreditación de la vinculación entre los bienes y los delitos.
Críticas por parte de Cristina Kirchner apuntaron a supuestas irregularidades en los cálculos y a la dificultad de trazar de forma científica la relación entre los bienes y su origen ilícito. La justicia sostuvo que, en estos casos, basta con la coincidencia temporal y razonabilidad económica para justificar las medidas de confiscación, incluyendo bienes adquiridos antes de 2009. La medida abarca tanto propiedades directas como bienes transformados o mezclados, e incluso alcanza a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta y otros familiares.
Este proceso de decomiso refleja la intención del sistema judicial de dificultar que el dinero obtenido por delitos pase a ser utilizado en actividades ilegales o escondido en diversos bienes, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.