La modificación constitucional en materia de acceso a la información se encuentra en proceso de implementación, pero la falta de certezas puede afectar derechos fundamentales.
En Jalisco, una importante reforma constitucional relacionada con el acceso a la información y la protección de datos personales ha avanzado considerablemente. La iniciativa, aprobada en el Congreso estatal en junio pasado, está en espera de la declaratoria oficial y su publicación en el Periódico Oficial para entrar en vigor. Una vez publicada, se dispondrá de un plazo de 90 días para completar la transición hacia el nuevo modelo de garantía de derechos fundamentales.
Hasta ahora, la mayoría de los municipios del estado han notificado su voto respecto a la reforma, con un 87.5 por ciento de ellos a favor. Sin embargo, algunos ayuntamientos tardaron semanas en comunicar su decisión, y aún restan definir cuál será la autoridad garante definitiva tras la eliminación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI). La transferencia de funciones a varias instituciones, incluyendo poderes y órganos autónomos, plantea desafíos en la coordinación y cumplimiento efectivo de este cambio.
La cautela mostrada por el Congreso, aunque prudente, genera incertidumbre en la implementación concreta de los nuevos esquemas. La experiencia de otros estados y ámbitos federales evidencia que retrasos o falta de claridad pueden ocasionar crisis en la protección del derecho a la información y la seguridad de datos, afectando directamente a la ciudadanía. La reforma contempla además la elaboración de nuevas leyes y reglamentos, así como procesos de entrega-recepción de expedientes, en colaboración con instituciones federales y plataformas nacionales de transparencia, para garantizar la continuidad y fortalecimiento de los derechos.
Es crucial que las autoridades tomen medidas concretas y transparentes para acompañar esta transición, ya que la correcta implementación marcará la diferencia en la protección efectiva del derecho a saber de los ciudadanos y en la lucha contra la corrupción.